La Justicia mendocina imputó ayer a siete personas involucradas en los casos de presuntos abusos sexuales a chicos hipoacúsicos del instituto Antonio Próvolo, con los que suman 16 los implicados en la causa. Se trata de tres ex directoras, una secretaria, una psicóloga, una cocinera y una celadora, quienes -no obstante- seguirán en libertad.

“La imputación es por una participación secundaria en los hechos que se investigan en toda la causa. Son conductas homicidas, porque tienen cierto conocimiento y no habrían actuado conforme a las obligaciones de garantizar la situación de los niños que tenían a su cuidado“, explicó el abogado querellante Oscar Barrera.

Con respecto a los directores, aclaró: “Han sido responsables por los períodos que correspondan, o sea, por los hechos que correspondan en los períodos en que cada uno fue directivo“.

Por la calificación y al no existir riesgo procesal de fuga los imputados, los siete nuevos imputados no serán detenidos. “La participación de estos nuevos acusados tiene otro grado en la comisión del delito, por eso continúan en libertad. Tienen que comparecer cuando se les exija, se les ha fijado una concurrencia periódica al sometimiento del proceso. Tienen que notificar si hay cambio de domicilio, prohibición de acercamiento respecto de todas las víctimas del Próvolo”, explicó el abogado.

Desde la querella no descartan que haya nuevas imputaciones, que ya suman 16. A estos siete nuevos imputados se agregan los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho; los ex administrativos Jorge Bordón, Armando Gómez y José Luis Ojeda, y la monja japonesa Kumiko Kosaka, así como la ex asesora del Próvolo, Graciela Pascual: Todos ellos se encuentran detenidos. Además, están imputados por participación secundaria, también en libertad, otra monja, Asunción Martínez, y el jardinero Apolinario Choque.

Los acusados están investigados por decenas casos de abuso cometidos contra niños hipoacúsicos y sordomudos que estaban internados en el Instituto religioso. La denuncia fue presentada por la senadora provincial Daniela García, quien tomó nota del caso a raíz del relato de algunos integrantes de la agrupación Movimiento de Sordos de Mendoza. Por orden del procurador general de la provincia, Alejandro Gullé, algunas de las víctimas prestaron declaración mediante la ayuda de un intérprete de lenguaje de señas y sus testimonios condujeron a las primeras detenciones y abrieron la investigación.

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