El escándalo del narcotráfico en la ciudad de Itatí, en la provincia de Corrientes, primero involucró a la dirigencia política y a funcionarios de fuerzas de seguridad. Pero los nexos y complicidades de los supuestos capos narcos también habrían implicado al Poder Judicial.

Este martes, el juez Sergio Torres ordenó la detención e indagatoria del titular del Juzgado Federal N.°1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y de favorecer con sus decisiones, a cambio de dinero, a los sospechosos que debía investigar.

A diferencia de sus secretarios Pablo Molina y Federico Grau, Soto Dávila no quedó preso porque tiene inmunidad de arresto, por lo que, para hacer efectiva su detención, debe ser destituido por un jurado de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura.

Molina fue detenido hoy a la mañana por personal de la Gendarmería Nacional en su domicilio de Resistencia, en la provincia de Chaco, mientras que Federico Grau fue apresado en Corrientes.

En la investigación de la megacausa se logró desentrañar, a partir de la desgrabación de escuchas telefónicas y el testimonio de uno de los seis “arrepentidos”, cómo funcionaba el sistema de corrupción entre los narcos, liderados por Federico Marín, alias Morenita.

Según el fallo, el juzgado federal N.°1 de Corrientes y un grupo de abogados intermediaba en el pago de los sobornos para conseguir que los miembros de esta organización fueran beneficiados por Soto Dávila.

El juez federal N.°1 de Corrientes es señalado por fuentes judiciales como el jefe de la asociación ilícita que cobraba dinero para favorecer, a través de resoluciones judiciales, como excarcelaciones o exenciones de prisión­, a los miembros de la organización encabezada por Morenita Marín.

Dos de sus secretarios, Grau y Molina, eran quienes negociaban con los abogados de los narcos el pago de los sobornos, según detallan las fuentes.

La banda comandada por Marín ingresaba desde Paraguay grandes cargamentos de marihuana a través de Itatí, desde donde se distribuían a, por lo menos, siete provincias. Para que esta organización pudiera funcionar, eran imprescindibles las complicidades con el poder político, las fuerzas de seguridad y la propia Justicia federal.

Desde que se inició esta investigación, se fueron desmantelando distintas capas estas complicidades que le daban las garantías a la banda para poder seguir operando.

En el primer capítulo de lo que se llamó Operación Sapucay, fueron detenidos en marzo de 2017 el intendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán, y el vice, Fabio Aquino, como así también el comisario Diego Alvarenga y el gendarme Gabriel Alcaraz.

Desde esa fecha hasta ahora hay 89 imputados, cuyas causas fueron elevadas a juicio, 33 que están procesados y 10 personas que siguen con pedido de captura.

La detención de Morenita Marín, el 12 de octubre pasado, tras haber pasado casi dos años prófugo, fue clave para la causa que investiga el juez Torres. Marín era el jefe máximo de la organización, junto con Carlos Bareiro y Luis Saucedo. Los tres narcos convirtieron durante la última década a Itatí, un pueblo de 9000 habitantes ubicado a la vera del Paraná, en la puerta de entrada de la marihuana que se produce en el centro y norte de Paraguay, principal productor de cannabis de Sudamérica.

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