En comunicación con Cara y Cruz, por radio Universidad, la Defensora Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Córdoba Dra. María Mercedes Crespi, se refirió sobre las remuneraciones que deben recibir los detenidos cordobeses por la Justicia Federal.
Crespi informó que desde el 2016, hay un convenio entre el Ministerio de Justicia de la Nación y el de Córdoba que establece que la Nación se hará cargo del pago por el trabajo que realicen los detenidos federales. En el mismo se estima que el arancel a abonar es de tres cuartas partes de un salario mínimo, vital y móvil.
Sin embargo, existe una categoría de trabajo no remunerado o voluntario que, para Crespi, es un mecanismo para burlar la ley que establece el trabajo remunerado.
“A los presos federales les decían que no había vacantes, no sólo para trabajo remunerado sino tampoco para el trabajo voluntario porque sabían que después los defensores ibamos a exigir el pago”, explicó.
Desde la Defensoría Oficial, Mercedes Crespi detalló que pidieron se cumpla el convenio que establece que el trabajo de los detenidos sea remunerado y presentaron un hábeas corpus colectivo para los procesados que no podían acceder a ninguna tarea en las cárceles.
Estas presentaciones fueron rechazadas por la Cámara Federal de Córdoba pero aprobadas por la Cámara de Casación de Buenos Aires. En base a ello, la Justicia de Córdoba deberá dictar un nuevo fallo.
