A la espera del tratamiento en el Congreso de la recuperación de bienes producto de delitos graves, el Gobierno impulsa la estrategia de “subasta inmediata” de estos activos, recuperados del narcotráfico y la corrupción. El objetivo es evitar que se deterioren, lo que llevaría además a reducir los costos de almacenamiento.

El DNU sobre la extinción de dominio ya fue enviado al Congreso y está en condiciones de ser debatido en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. El cuerpo tiene 10 días hábiles para expedirse en torno a la medida dispuesta días atrás por el presidente Mauricio Macri, que generó fuertes cuestionamientos de la oposición. No se descarta que sea incluido en el temario de sesiones extraordinarias. Previamente el Senado le dio media sanción a un proyecto de extinción de dominio, que está trabado en Diputados, por lo que el Ejecutivo decidió impulsar la medida a través de un DNU.

El Decreto 62/2019 fue publicado el martes de la semana pasada en el Boletín Oficial -un día después del anuncio de Macri en Casa de Gobierno- y determina la recuperación del patrimonio que se presume que proviene de la comisión de delitos graves como corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestro y terrorismo, entre otros, cuyos responsables no puedan probar su origen lícito.

En el Gobierno cobró fuerza la idea de la implementación de una “subasta inmediata” de los bienes recuperados producto de delitos graves, para conservar el estado de los activos y además reducir los gastos que generan el almacenamiento, custodia y seguros de los recursos.

Se prevé además la creación de un “fondo de garantía” compuesto por un porcentaje de cada subasta, para los casos en los que el Estado tenga que reintegrar los bienes en los casos en que haya absolución o sobreseimiento, consigna La Nación.

El decreto habilita además la creación de una procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional (PEDEN) que funcionará dentro de la estructura de la Procuración General de la Nación. Este organismo impulsará las investigaciones preliminares junto con los fiscales, presentará las demandas e impulsará las acciones civiles.

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